Congreso de Jalisco aprueba eliminar carta de antecedentes penales a ex presos
COMPARTIR
TEMAS
Sin embargo, la legislación contemplará casos de excepción, tales como de sentencias derivadas de la comisión de delitos como secuestro, trata de personas y delincuencia organizada
Para prevenir la discriminación y el señalamiento de una persona que ya cumplió su sanción por un delito cometido, el Pleno del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que anula la emisión de la carta de antecedentes penales para aquellas personas que lograron su libertad.
La propuesta se deriva de una reforma en el ámbito federal y se enriqueció también de la iniciativa que presentó en mayo de 2016 la diputada Martha Villanueva Núñez, con el fin de reformar el Artículo 7 de la Ley para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Sin embargo, en el proceso legislativo se determinó que era más pertinente modificar el Artículo 30 del Código Penal del estado.
La ley enuncia que “inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez informará del hecho a los titulares de la Fiscalía General, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y demás autoridades que corresponda.
Con la finalidad de restituir los derechos suspendidos en los términos del párrafo anterior y cancelar el registro para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales”.
Sin embargo, la legislación también contemplará casos de excepción, tales como de sentencias derivadas de la comisión de delitos como secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.
Los diputados de Jalisco acordaron modificar la Ley que establece las bases para el otorgamiento de premios y condecoraciones en el estado, con la finalidad de habilitar la condecoración “Francisco Tenamaxtli”, a quien se distingue en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Este reconocimiento será entregado el 10 de diciembre de cada año en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, un evento a realizarse en el Palacio Legislativo en conjunto con el gobernador del estado y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
