Congreso de Brasil inicia debate sobre juicio político a Rousseff
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Los defensores de Rousseff insisten en que la mandataria no hizo nada ilegal y que recurrió a las mismas reglas contables utilizadas por presidentes anteriores.
La Cámara de Diputados de Brasil comenzó hoy el debate sobre si se debe llevar a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff. La votación decisiva está programada para el domingo. El ambiente en la cámara baja estaba muy cargado al inicio de la sesión.
Los legisladores que respaldan el juicio político alegan que el gobierno de Rousseff violó las reglas fiscales. Dicen que el gobierno manipuló los libros contables en un intento por recabar apoyo popular. Sin embargo, muchos de quienes promueven la acusación enfrentan acusaciones graves de corrupción ellos mismos.
Los defensores de Rousseff insisten en que la mandataria no hizo nada ilegal y que recurrió a las mismas reglas contables utilizadas por presidentes anteriores.
Para seguir adelante, el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la cámara baja de 513 bancas, lo que equivale a 342 votos. De ser aprobado, el procedimiento pasará al Senado. Si la cámara alta lo toma para analizarlo, Rousseff sería obligada a dejar el puesto hasta que la medida sea sometida a votación.
Tanto las fuerzas que respaldan al gobierno como las de la oposición dicen tener suficientes votos para ganar el domingo, pero los conteos diarios efectuados por los medios de comunicación brasileños dejan entrever que la oposición está mucho más cerca de la victoria.
Apenas unas horas antes, en la madrugada del viernes, la Corte Suprema de Brasil rechazó una petición que buscaba bloquear el juicio político en la Cámara de Diputados contra Rousseff.
Rousseff perdió esta semana el apoyo de aliados clave y está cada vez más cerca de sufrir una gran derrota que podría debilitar más aún a un gobierno que enfrenta ya problemas en varios frentes: La peor recesión económica en décadas, un creciente escándalo de supuesta corrupción en la petrolera estatal Petrobras y un brote del virus del zika que provoca problemas congénitos devastadores.
Los jueces rechazaron la petición de Rousseff por ocho votos a dos, alegando que no le corresponde implicarse en esta fase del proceso, que según el principal responsable legal del ejecutivo está "contaminado". La mayoría de los magistrados apuntaron que el papel de la cámara baja en el proceso de juicio político es determinar si acepta las acusaciones contra la mandataria y, en ese caso, será el Senado el que debe celebrar un juicio para examinarlas a fondo.
La única buena noticia para Rousseff en la sesión extraordinaria de la corte, que se prolongó durante más de siete horas, fue el comunicado del presidente del órgano, Ricardo Lewandowski, que sugirió que en el futuro la corte podría volver a revisar el caso.
"El juicio político es una acción política, sí. ¿Pero quién dice que las acciones políticas no pueden ser debatidas por el poder judicial?", apuntó Lewandowski, uno de los dos magistrados que respaldaron la petición de Rousseff.
Los jueces comenzaron la sesión debatiendo si los procedimientos establecidos para la votación sobre el juicio político, que se celebrará el domingo en la cámara baja, eran válidos.
El presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, enemigo jurado de la presidenta, organizó inicialmente la votación para que los legisladores del sur —industrial y rico, y donde la oposición a Rousseff es más fuerte— arrancaran primero.
Sin embargo, mientras los jueces se reunían, el abogado de Cunha presentó un plan distinto que alternaría entre el sur y el norte, donde la presidenta tiene más seguidores. La corte decidió mantener la segunda versión.
No se preveía que los magistrados emitiesen un fallo tan pronto, pero el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, dijo que "situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales".
La reunión extraordinaria de 10 magistrados es el acontecimiento más reciente en medio de semanas de forcejeos legales sobre un proceso en el Congreso que ha expuesto profundas divisiones en el país.
Si la Corte Suprema hubiera decidido anular los procedimientos más recientes, todo el proceso habría retrocedido varios pasos.
Los observadores políticos interpretaron los movimientos del gobierno como un esfuerzo final de último momento para evitar una primera gran derrota en el proceso.
