Condenar feminicidas, ¿disminuye feminicidios?

Nadie puede criticar a la autoridad responsable de procurar justicia por perseguir a quien comete un delito, armar debidamente el expediente del caso, llevarlo ante un juez y obtener una sentencia condenatoria. Eso es justamente lo que se espera de quienes, a nombre de la sociedad, tienen la responsabilidad de perseguir criminales.

Pero además de cumplir con la obligación de impedir la impunidad, las autoridades deben –en forma integral– asegurarse de que la aplicación de la Ley –y el hecho de que se haga justicia– esté generando ulteriormente el resultado deseado, es decir, que se inhiban las conductas delictivas.

Porque en última instancia, el propósito de proscribir una conducta y castigarla con penas privativas de la libertad no es poner tras las rejas a quienes incurran en dicha conducta, sino impedir que los individuos delincan, es decir, inhibir los delitos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al “porcentaje de éxito” logrado por la Procuraduría General de Justicia del Estado en la persecución y condena de quienes han cometido el delito de feminicidio.

De acuerdo con las estadísticas de la dependencia, entre 2013 y 2017 ha logrado que se condene a uno de cada tres acusados de dicho delito, además de tener un alto porcentaje de éxito en términos de la resolución de los casos.

Esto último implicaría que la dependencia sea altamente eficaz al momento de investigar los crímenes, identificar a los presuntos responsables, detenerles y vincularles a proceso.

La estadística habla, sin duda, de un importante grado de cumplimiento de las responsabilidades públicas, en términos de procuración de justicia. Pero si ve el fenómeno desde una perspectiva diferente, las cosas cambian de forma drástica, pues en el período señalado anteriormente habrían ocurrido en Coahuila un total de 50 feminicidios.

En otras palabras, en los últimos cuatro años, medio centenar de mujeres habrían sido asesinadas en Coahuila, justamente por ser mujeres, lo cual retrata a nuestra entidad como un lugar en donde la condición femenina implica un riesgo muy alto.

Dicho en otras palabras: lo que debe observarse de la estadística anteriormente descrita no es el “éxito” que la PGJE ha tenido en la identificación, arresto y vinculación a proceso de presuntos feminicidas, sino el estrepitoso fracaso que el sector público en su conjunto está teniendo en la tarea realmente importante: garantizar la integridad y la vida de las mujeres.

De acuerdo con los datos aquí expuestos, lejos de congratularnos porque los feminicidas sean capturados, encarcelados y condenados, lo que debemos hacer es preocuparnos seriamente por el grado de indefensión en el que se encuentran las mujeres en Coahuila.

Porque, al menos a la vista de estos datos, el hecho de que la PGJE sea eficaz en la persecución de este delito no está logrando el único resultado que realmente importa: que no haya más feminicidios.