Cimari: ¿está o no suspendida la obra?

La crispación del ánimo social constituye uno de los peores ingredientes de la realidad colectiva de nuestros días. Y el hecho de que se difunda cotidianamente información contradictoria no hace sino contribuir a enrarecer el ambiente y a generar un clima de tensión entre ciudadanos y autoridades.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición y que recoge las declaraciones del delegado en Coahuila de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Raúl Xavier González, quien ha dicho que la dependencia a su cargo no tiene noticia respecto de la existencia de una orden judicial para suspender la obra del Cimari que se construye en el municipio de General Cepeda.

“Hasta donde tenemos nosotros información, la construcción continúa, sabemos extraoficialmente que hubo una suspensión provisional por parte de un juez en materia administrativa ambiental, finalmente no tenemos ninguna notificación ni nosotros en la delegación ni la Secretaría (del Medio Ambiente y Recursos Naturales)”, ha dicho el funcionario.

Tiene razón —en esencia— el delegado al señalar que, mientras las autoridades responsables de cumplimentar la suspensión de la obra no tengan noticia de la presunta orden judicial para hacer tal, su deber es abstenerse de interferir en la construcción de la misma.

El excesivo formalismo jurídico, sin embargo, no le viene bien a nadie y, mucho menos, a una sociedad crispada en la cual para caldearse los ánimos sólo se requiere de una mínima provocación.

Tener certeza respecto de si el amparo efectivamente existe o no, es tan sencillo como realizar una consulta al Poder Judicial de la Federación y, a partir del resultado que ésta arroje, definir la ruta a seguir.

Si el amparo que se alega efectivamente fue concedido, el refugiarse en el tecnicismo de “a mi no me han notificado” constituye una ruta peligrosa en más de un sentido.

Por un lado, los promotores del proyecto podrían poner en riesgo más recursos económicos de los que ya han invertido hasta ahora; por el otro, la indignación de los habitantes de General Cepeda que se oponen a la instalación del confinamiento encontraría fundamento sobrado para desbordarse.

Si, por el contrario, el amparo no existe, valdría la pena que el asunto quedara claro a fin de que los detractores del proyecto que han difundido la especie fueran convocados a comportarse con seriedad, pues resulta irresponsable en extremo generar entre la población una expectativa falsa.

Y quienes más interesados deberían estar porque la verdad quede a la vista de todos deberían ser los propios representantes de las instituciones públicas involucradas en el proceso, pues su deber no es jugar a “ganar tiempo”, sino garantizar que los derechos de los individuos —los de uno y otro lado— sean plenamente garantizados.