Foto: Tomada de Internet
En dos años aumentó la entrega de visas humanitarias a migrantes centroamericanos, lo que revela el mismo aumento de delitos graves como abuso sexual, robo y extorsiones contra ellos.


Pedro, un migrante guatemalteco de 18 años fue secuestrado y violado por integrantes del Cártel del Golfo. No quería denunciar, solo lo hizo para regularizar su situación legal en México.

“No sé si vayan a hacer algo las autoridades, en materia de justicia… Yo lo que quiero nada más es mi visa humanitaria”, dice Pedro.
Entre 2014 y 2016 aumentó 575% el número visas humanitarias entregadas por el Instituto Nacional de Migración (INM) para migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, con lo que regularizan su situación en México, señala el informe “El acceso a la justicia para personas migrantes en México”, realizado por varias organizaciones entre ellas WOLA, Fundar y la Casa del Migrante de Saltillo.

Esta cifra está lejos de ser alentadora, pues significa también que los delitos graves cometidos contra migrantes aumentaron en la misma proporción. 

La legislación mexicana permite a personas migrantes que hayan sido víctimas o testigos de un delito grave regularizar su situación migratoria por “razones humanitarias” con el fin de que puedan dar seguimiento a su denuncia.

Sin embargo, señala el informe, los migrantes se enfrentan “a decisiones arbitrarias sobre si el delito sufrido por una persona migrante fue grave o no, o a que se califique como tal dependiendo del funcionario que reciba la denuncia”.

El informe denuncia que mientras en Oaxaca las fiscalías tienen mayor disposición para levantar denuncias por delitos graves, en Tabasco la Fiscalía Especializada minimiza la gravedad de los delitos cometidos en contra de migrantes.

“Un migrante hondureño narró cómo fue detenido, robado y abusado sexualmente en la carretera entre Tenosique y la frontera guatemalteca, por lo que solicitó su regularización, misma que fue negada por el INM en primera instancia debido a que la Fiscalía Especializada de Tenosique no clasificó esos delitos como graves”, detalla el informe.

El proceso de regularización por ser víctima o testigo de un delito es lento y puede tardar desde un mes o más.

Uno de los requisitos para solicitar la regularización ante el INM es que el migrante debe presentar copia o constancia de la denuncia ante un ministerio público local o federal del delito.

La tarjeta que obtienen las personas migrantes cuando regularizan su situación migratoria es temporal y válida por un año, o menos. Puede ser renovada mientras continúe la investigación pero el proceso de renovación es demasiado gravoso, dice el informe.

“En Oaxaca y en Sonora detectamos que las personas migrantes deben acudir presencialmente a la fiscalía que tiene su investigación para conseguir una constancia de que su caso sigue abierto, afectando la movilidad de las personas migrantes y dificultando la renovación”.

Una vez que las personas migrantes denuncian los delitos cometidos en su contra en México, existen todavía muchos obstáculos en su investigación.

“(Me dieron una) gran golpiza, y pusimos denuncia pero nada. En la PGJ nada más nos decían que era tardado”, señala Eduardo, migrante salvadoreño de 42 años en entrevista con las organizaciones para el informe.

La falta de recursos, voluntad y capacitación de funcionarios de las fiscalías, unidades o direcciones especializadas en la investigación de delitos contra migrantes establecidas en los estados provoca que no se garantice la justicia para los migrantes.

La falta de resultados en las investigaciones provoca que las personas migrantes, incluidas las que regularizaron su situación migratoria para contribuir con las autoridades, tengan desconfianza y expectativas bajas de la justicia mexicana.

Dado que las investigaciones son lentas y en muchos casos como los migrantes siguen su camino hacia Estados Unidos u otro estado se pierde el contacto con ellos, las investigaciones no avanzan.

“El migrante va y presenta denuncia, pero tiene que permanecer en el país, si se va a EU o regresó a su país, la investigación queda trunca, no se puede proceder”, señala Huberto Roque, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob.

Para el albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, las autoridades “no entienden la lógica de tránsito de migrantes y sujetan el avance de la investigación a que las víctimas comparezcan, ¿de dónde las sacas si van en tránsito? Si no se presentan víctimas, no avanza la investigación”.

Cuando la denuncia de un delito cometido en México contra un migrante se hace desde el extranjero por parte de algún familiar del agredido, la justicia tampoco llega más rápido.

De acuerdo al informe, no existen mecanismos apropiados para mantener informadas a las familias que se encuentran en Centroamérica o Estados Unidos del avance de sus casos.

“Me presenté en el consulado a solicitar la visa, me pedían muchos requisitos, que acreditara mi solvencia económica, donde trabajaba (…) Yo acredité todo esto (…) Llevaba la carta invitación que me había enviado la Fundación para la Justicia y encima de eso me pedían que presentara sus estados de cuenta (…) Tengo derecho a acudir y ver por mis propios ojos cómo se está investigando el asesinato de mi hermano, ya que las autoridades no acuden a darnos cuenta de lo que están haciendo”, señaló un migrante en entrevista para el informe.

Las familias que se encuentran en Centroamérica también enfrentan dificultades para viajar a México cuando tienen que participar en diligencias importantes de las investigaciones, por ejemplo, en operativos de búsqueda de migrantes desaparecidos.