¿Ahora qué vamos hacer con las drogas?

Se trata de una cuestión que si bien no implica una falta de corrección lógica ni normativa, sí puede ser cuestionada desde el punto de vista empírico. Un problema que le es propio a casi todos los argumentos que defienden de manera absoluta la autonomía personal sin prestar atención a otra clase de factores. Esta clase de defensas toman como principio que los seres humanos adultos somos autónomos y, en consecuencia, que el Estado no debe frenar cierta clase de conductas y acciones que, aunque puedan ser dañinas para uno, no lo sean para otros. Siendo este el caso se presume que tanto la marihuana como el tabaco y el alcohol terminan afectando únicamente a quien los consume y no a quien ve cómo los consume. Hasta aquí el argumento es impecable.

Sin embargo, el argumento en ocasiones olvida otros presupuestos que no se pueden obviar en discusiones tan relevantes como esta y que debemos debatir: cuántos individuos en nuestras sociedades son netamente autónomos; autónomos en el sentido de tomar todas sus decisiones de manera racional, libre y plenamente informada. Cuántos tienen la libertad, en el sentido de no actuar influenciados por factores externos, para decidir cosas tan relevantes para sus vidas como el consumo de sustancias tóxicas. 
Cuántos, en realidad, conocen los daños efectivos (y no la información de pasillos y banquetas con la que regularmente contamos) que causan ciertas drogas. Cuántos fumadores, bebedores o consumidores de drogas, tienen plena e informada certeza de qué están haciendo y de por qué lo están haciendo. En eso consistiría una decisión plenamente autónoma por parte de los consumidores: el tener completa libertad, información detallada y voluntad racional para decidir consumir o no. Esta es una situación que injustificadamente ha presumido la Corte.

No tengo la menor duda de que muchos consumidores de drogas sí toman la decisión de esta manera. Pero también, no me cabe la menor duda de que muchos otros, no. Cómo vamos a definir quiénes efectivamente han decidido de manera autónoma y quiénes no, consumir drogas. Bastará con la mayoría de edad, con el hecho de conocer sus efectos y los daños físicos y mentales que ocasionan.

El argumento me parece correcto desde la perspectiva de no criminalizar a los adictos y tratarlos como enfermos. De convertir un problema jurídico en un problema de salud pública. Librar a la marihuana del control estatal no libera al Estado de su responsabilidad para garantizar las decisiones autónomas. Debemos implementar mecanismos de salud, de prevención, de información que permitan a quienes ya consumen, tratarse, a quienes están por consumir, informarse, y quienes están consumiendo, conseguir el producto regularizado por mecanismos de comercio formal.

Esto se dice fácil. Pero implica un esfuerzo estatal no contemplado por la decisión de la Corte: cómo se va a regular el consumo, el cultivo, y la previsible futura comercialización. ¿Están las instituciones y los mecanismos jurídicos preparados?

Se ha dicho que la marihuana causa menos daño que el tabaco y produce menos agresividad que el alcohol. Esto es algo que los médicos deben certificar, sin embargo, lo que el argumento de la autonomía hizo fue abrir la puerta a que este mismo argumento sea utilizado para otras drogas más nocivas que la marihuana, el tabaco y el alcohol juntos. Cuál va ser el criterio normativo para incluir en el prohibicionismo a la heroína, la cocaína y otra clase de drogas fuertes y a la marihuana no. Cómo vamos a evitar la pendiente resbaladiza en la que estamos cayendo.

Sin duda, es imprescindible que el Estado proteja la autonomía de las personas, pero ¿no debería también, al menos, señalarnos qué decisiones son buenas y qué decisiones no, para proteger la autonomía misma? Estoy seguro que estos son los puntos que preocupan al presidente Peña Nieto y a todos aquellos que invitan a debatir el tema.