Activistas, víctimas colaterales del fenómeno de desaparición forzada
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Algunos de los factores de especial preocupación es el caso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del país; las desapariciones forzadas, que alguna vez fueron principalmente el producto de las dictaduras militares; pueden perpetrase hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como represión política de los oponentes.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que lleva la Secretaría de Gobernación, hasta abril de este año, la cifra de desaparecidos asciende a 30 mil 942 personas, de ellas el 74.4% son hombres, es decir 23,032; mientras el 25.5% son mujeres, es decir 7 mil 910.
Algunos de los factores de especial preocupación es el caso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.
En el marco de la primera revisión de México ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (CED), ISHR y otras organizaciones con sede en Ginebra, se reunieron con la ONG mexicana Tlachinollan y con familiares de las víctimas de desaparición forzosa que viajaron a Europa para acusar formalmente al gobierno por el manejo del caso relacionado con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (Guerrero).
Defensores/as de derechos humanos recordaron al CED, en la primera audiencia especial sobre México, que el caso de Ayotzinapa se presenta en el contexto de otros 23 mil casos registrados en el país.
En la reunión antes mencionada, los padres de las víctimas hicieron hincapié en la continua represión y riesgos que enfrentan los activistas que trabajan y protestan contra las desapariciones forzadas en todo el país.
A pesar de las peticiones de activistas, no han recibido protección y un claro ejemplo de ello es el reciente asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez quien perdió la vida la noche del miércoles 10 de mayo en manos de un comando armado.Tragedia que se suscitó en el municipio de San Fernando en Tamaulipas.
Elizabeth Rodríguez encabezaba un grupo de búsqueda de personas desaparecidas en esa zona de Tamaulipas. El grupo Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos.
Guillermo Gutiérrez quien forma parte del grupo de búsqueda dijo que Miriam no es la única activista que había sido amenazada por la delincuencia organizada sino otras de sus compañeras, señaló que si el gobierno estatal hubiera atendido el llamado de Miriam, en estos momentos no estaría muerta.
Miriam Elizabeth al no encontrar respuesta de la justicia estatal se dedicó a buscar a su hija Haren Alejandra quien había sido secuestrada. Encontró a su hija en una fosa clandestina.
Otra víctima que perdió la vida por falta de protección y que buscaba a su hija fue el sonado caso de Marisela Escobedo, una madre de Chihuahua que por más de dos años exigió justicia para su hija muerta.
Marisela fue asesinada frente al edificio del palacio de gobierno del estado de Chihuahua.
Desde agosto de 2008, Marisela Escobedo, de 52 años, dejó de ser identificada como madre para convertirse en activista. Inició por cuenta propia las investigaciones para la búsqueda del homicida y de justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, de sólo 16 años.
En enero de este año, Malú García Andrade, activista por la búsqueda de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, sufrió un ataque cuando viajaba en su camioneta de regreso a su casa en la zona central del país.
La activista señaló que en un inicio pensaron que se trataba de impactos con piedras, pero cuando las custodias proporcionadas por el Gobierno Federal se bajaron a revisar la camioneta se percataron que se trataba de un ataque con armas de fuego.
García Andrade resultó ilesa, pero reveló que horas mas tarde recibió amenazas telefónicas para que desista de sus actividades a favor de las víctimas de desapariciones: “Sigue de chismosa y ahora voy por tus hijos”.
Malú García Andrade pidió que se investigue el ataque en su contra y recordó el caso de la también activista chihuahuense, Maricela Escobedo, quien fue ultimada frente al palacio de Gobierno de Chihuahua cuando se manifestaba contra la liberación del asesino de su hija.
