Agita a España la condena del juez Baltasar Garzón

Madrid. La condena del Tribunal Supremo español a Baltasar Garzón ha dividido a España, donde se están produciendo críticas y serios cuestionamientos a su sistema de justicia, después de que la corte pusiera punto y final a los más de 30 años de carrera judicial del magistrado español más conocido y reconocido internacionalmente.

Y esa división entre los pro Garzón y los anti Garzón se ha profundizado con la sentencia con la que el Tribunal Supremo ha inhabilitado al magistrado durante 11 años por un delito de prevaricación.

Sus defensores -básicamente la izquierda mediatica y política, aunque en ella también tiene algún que otro enemigo- recuerdan el importante servicio que el juez prestó a la sociedad española desde su juzgado de instrucción número 5, en la Audiencia Nacional, luchando contra ETA o contra el narcotráfico en los peores años. Y destacan su papel en la aplicación del principio de la justicia universal en la defensa de los derechos humanos que violaron las dictaduras.

Sus detractores -la derecha política y mediática- defienden que prevaricó al ordenar las escuchas de los cabecillas en prisión de la red Gürtel, la trama de corrupción que desde hace tres años salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y que el Tribunal Supremo ha dado por válida esa prevaricación en una sentencia "impecable". Quien prevarica debe ser castigado, dicen.

La condena a Garzón "deteriora la imagen democrática de España en el mundo", aseguró hoy el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, quien ya el jueves aseguró que ni acataba ni respetaba la sentencia. "Diga lo que diga el Tribunal Supremo, Garzón es inocente".

Ante declaraciones como las de Llamazares, el gobierno de Mariano Rajoy llamó a la "reflexión" y a la "responsabilidad".

"España es un país democrático. Me preocupa, y mucho, esa imagen que se está intentado trasladar de España que no es España", dijo la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma, dentro y fuera de nuestras fronteras".

En la concentración que el jueves por la noche reunió en la Puerta del Sol de Madrid a cientos de personas que expresaron su "vergüenza" y su "indignación" por el fallo del Supremo, hubo gritos que calificaron de "fascistas" a los magistrados de la corte.

"Entiendo que parte de la ciudadanía no comparta la resolución, pero me parece intolerable que se les llame fascistas por eso", dijo hoy Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que en los próximos días hará efectiva la expulsión de Garzón de la carrera judicial.

"Son de todo punto inaceptables los ataques tanto personales como institucionales que cuestionan de manera frívola y carente de fundamento la actuación del Tribunal Supremo, deslegitimando la institución y desacreditando a sus componentes", añadió Bravo.

La de la portavoz del CGPJ viene a ser la postura mayoritaria expresada en público por los miembros y representantes del sistema de justicia español. Está entre ellos el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, quien hoy expresó su confianza en "la independencia de los tribunales". "Siempre actúan de buena fe", defendió.

Pero no es lo que piensa la ciudadanía, al menos no toda. El caso Garzón ha empeorado la imagen de la Justicia que tenían los españoles, una imagen ya de por sí no muy buena. Según un sondeo de urgencia realizado el jueves por el instituto Metroscopia para el diario "El País", el 61 por ciento de los españoles ve al todavía juez Garzón como víctima de una persecución.

Sólo el 36 por ciento cree que había motivos para juzgarlo. Y el 65 por ciento considera que la imagen de la Justicia ha empeorado con los tres procesos contra él en el Tribunal Supremo, uno de ellos el de su investigación de los crímenes del franquismo, ya juzgado y en espera de veredicto.