Al anunciar que el recién concluido Programa de Condonación fiscal fue un fracaso por la escasa respuesta de los contribuyentes, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, no pudo evitar amenazar a quienes no se acogieron a este programa al expresar que “Lamentablemente se agotó el universo total; entonces la Secretaría de Hacienda y el SAT van a tener que seguir cumpliendo con sus responsabilidades”.

Está claro, que al no haber encontrado la respuesta que esperaban van a continuar hostigando, como ya lo hicieron antes sin resultados, a los 175 mil contribuyentes que no se acogieron al programa que se les ofreció. El programa en realidad era atractivo, pues se ofreció condonar el cien por ciento de las multas y recargos y el 80 por ciento del adeudo original actualizado. En el ejemplo divulgado por el SAT, un adeudo de ISR de 2001 por un total actualizado de 810 mil pesos podía quedar totalmente pagado con sólo 52 mil pesos.

Lo menos que podemos hacer es reconocer que la propuesta fue muy atractiva, no sólo interesante, pues liquidar totalmente un adeudo con sólo el 6.4 por ciento de su importe y además evitar las amenazas de embargo, remate de bienes, e inscripción en el Buró de Crédito no se da todos los días. No es sencillo imaginar, menos encontrar, un acreedor que ofrezca tantas facilidades. ¿Por qué, pues, el 86 por ciento de 205 mil deudores no se apresuró a acogerse a este programa? ¿Por qué 27 mil de los 30 mil deudores que sí se acogieron al programa lo hicieron en la última semana, a última hora, en lugar de hacerlo a lo largo del año?

Es posible que la situación económica de algunos les impidió aprovechar tan atractivo esquema de pago, pero la explicación más convincente es la falta de legitimidad de los adeudos. Cuando las autoridades hacen las cuentas del gran capitán, el amedrentado contribuyente se escabulle para no pagar cuentas que considera ilegítimas.

Si el SAT se apega, como usualmente lo hace, a una “legalidad” aparente y prefabricada, y el contribuyente considera que las cargas fiscales que se le imponen son arbitrarias, injustas y confiscatorias, y además se le priva, no sólo de interlocución, sino de una defensa razonable y simple, no le queda más remedio que evitar a toda costa el pago de adeudos que se perciben ilegítimos, soportados en una legalidad artificiosa.

Es cierto que el SAT ha mejorado su forma de operar, cuenta cada día con mejores sistemas computacionales y una fabulosa base de datos, pero para el contribuyente es una institución que actúa con mala fe y que no puede ocultar, ni superar, sus vicios de origen. El SAT administra un sistema impositivo sumamente complejo y confiscatorio, pues los impuestos y sus accesorios son desproporcionadamente altos y establecidos al margen de la voluntad ciudadana.

Para justificar esto se argumenta que los impuestos a nadie le gustan, por lo que, como su nombre lo indica, deben imponerse. Esto es una falacia, es cierto que a nadie le gustan, pero también que todo mundo entiende la necesidad de establecerlos. La disposición a pagarlos estará en función 1) del buen uso que se haga de ellos, 2) de su aceptación en cuanto a que se consideren razonables y equitativos y 3) de la capacidad de pago del contribuyente. Cuando la respuesta a estas tres cuestiones es positiva, los contribuyentes los pagan por aceptarlos como necesarios, aunque sigan sin gustarles.

El sistema fiscal que administra el SAT, además de complejo, da facultades excesivas a una burocracia que impunemente atropella a los contribuyentes, e incluso a quienes no lo son. Así, el contribuyente que se acerca al SAT no puede esperar un trato honesto, ni siquiera legal, y sabe que de antemano sus medios de defensa son muy débiles o muy complicados y costosos. La legislación fiscal da pocas facilidades para la defensa ante una autoridad oscura, mañosa, arbitraria y prepotente que escamotea sus escasos derechos al contribuyente.

La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente no pasa de ser una vacilada que repite algunos derechos expresados por otras leyes, sin agregar prácticamente nada, y sin establecer derechos y mecanismos administrativos de fácil utilización. Los derechos que no pueden ejercerse es como si no existieran.

Queda, finalmente, el recurso al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cual es obvio que toma tiempo, requiere de cuantiosos gastos y conocimientos, haciendo impracticable este recurso para un uso cotidiano en asuntos que individualmente son de poca cuantía.