¿Ya no habrá corrupción en Coahuila?

Más allá de las discusiones que legisladores antagónicos mantendrán, Coahuila cuenta ya, a partir de ayer, con un paquete legislativo específicamente diseñado –al menos en teoría– para combatir y castigar la corrupción gubernamental.

La pregunta obligada, a partir de tal hecho, es si esta circunstancia, por sí sola, implica que en nuestra entidad la corrupción disminuirá –en términos del número de actos deshonestos– o si los efectos de la misma serán menores –en términos del daño que nos provoca.

La respuesta la sabemos todos: si algo no podemos hacer los ciudadanos, es considerar que por el sólo hecho de haberse aprobado una ley –o un “paquete” de leyes– la realidad sufrirá en automático una modificación.

El mejor ejemplo para ilustrar lo dicho anteriormente es la aprobación de las leyes de transparencia –a nivel federal primero y a nivel estatal después– y el surgimiento de entidades públicas específicamente creadas para garantizar que tales leyes se cumplan y se apliquen.

Han transcurrido tres lustros desde que se aprobó la primera norma “antiopacidad” en nuestro País y, aunque no puede decirse que las cosas siguen en el mismo punto, lo cierto es que la transparencia sigue sin ser una característica distinguible en la actuación de nuestras instituciones.

Lejos de tal posibilidad, durante los primeros años de existencia de la legislación de la transparencia, los funcionarios públicos –de todos los órdenes de Gobierno– se las arreglaron para seguir actuando exactamente igual que antes, es decir, como si la norma no existiera.

Por ello, constituiría un acto de ingenuidad el creer que ahora, debido a que “ya tenemos normas anticorrupción” tal conducta va a disminuir o sus efectos serán sensiblemente menores.

Más bien lo que los ciudadanos debemos hacer es prepararnos para un proceso, más o menos largo, durante el cual tendremos que exigir la implementación de las normas anticorrupción de manera eficaz, es decir, que su aplicación a casos concretos produzca efectos concretos.

En otras palabras, lo que debemos hacer los ciudadanos es disponernos a presionar a las autoridades responsables para que la existencia de leyes anti corrupción se traduzca en una disminución efectiva de los niveles de impunidad que padecemos en México.

Al respecto conviene recordar que el problema fundamental con la corrupción en nuestro País es que ésta ocurre a la vista de todos sin que a los individuos que se benefician directamente de ella les pase nada. Tal hecho es el principal motivo de agravio de los ciudadanos.

Así pues, material con el cual trabajar no les faltará a quienes tengan a su cargo la aplicación del paquete de normas aprobado ayer por el Congreso de Coahuila.

Faltará ver si tampoco les hace falta voluntad, valor y determinación para hacer algo con las nuevas herramientas que se les entregarán.