50% de los programas sociales son opacos
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El hecho facilita ilícitos, corrupción de servidores públicos y uso electoral de recursos, entre otros aspectos, advierte reporte de la Cámara de Diputados
México.- Los gobiernos de las 32 entidades federativas operan un total de mil 927 programas sociales locales, pero la mitad de ellos mantiene en la opacidad sus presupuestos y padrones de beneficiarios, lo cual facilita actos irregulares y corrupción de servidores públicos, el uso electoral de los recursos, la discrecionalidad en la asignación de beneficios y la distracción de fondos en fines ajenos a la política social.
Así lo advierte el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en su reporte denominado Integración y concatenación de padrones de beneficiarios como factores de transparencia y rendición de cuentas, donde se precisa que las entidades con mayor número de programas sociales son Sinaloa, con 233; Distrito Federal, con 225; Guerrero, con 164; Tamaulipas, con 154; Jalisco, con 106, y Zacatecas, con 102.
El gobierno federal mantiene a su vez en marcha 102 programas sociales a cargo de 13 dependencias y con un presupuesto conjunto de 339 mil 277 millones de pesos para 2014, aunque en este caso el grado de transparencia en padrones y ejercicio presupuestal oscila entre 78 y 93 por ciento.
En dicho escenario, los legisladores integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales suscribieron un proyecto de reformas a la Ley de Transparencia para homologar la información de los programas sociales y obligar a los tres órdenes de gobierno a publicar y actualizar el listado de beneficiarios con nombres y apellidos.
No hay claridad en las dependencias sobre los destinatarios de los programas sociales: la información es disímbola y no homogénea, genera confusión y limita la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder, como consecuencia, a los programas, afirmó José Francisco Coronato, presidente de la comisión legislativa.
Remarcó que el propósito de la iniciativa es asegurar la transparencia en los registros de beneficiarios, lo cual es condición no sólo útil y necesaria para la aplicación de los recursos, sino también para planeación y evaluación.
El análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados detalla que solo 55.3 por ciento (mil 66) de los programas sociales de los estados cuenta con un padrón público de beneficiarios y apenas 53.6 por ciento (mil 32) da a conocer sus respectivos presupuestos.
Además, subraya el documento, solamente 57.1 por ciento (mil 101) de los programas sociales de las entidades federativas presenta un informe sobre el ejercicio de los recursos del erario y 66.9 por ciento (mil 289) entrega un informe anual de resultados.
El estudio pone así en entredicho la institucionalidad de la política social a escala de estados y municipios, e identifica como focos rojos la falta de transparencia en los trámites, gestión de recursos y el otorgamiento de apoyos a la población más vulnerable.
Enumera igualmente como consecuencias de la opacidad la posible existencia de actos irregulares y corrupción por parte de servidores públicos; el posible uso electoral de los programas sociales; la discrecionalidad en la asignación de recursos, la distracción de recursos para fines ajenos a la política social y, sobre todo, la desatención a la población objetivo.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública acusa así la inexistencia de una política social integral, merced a la fragmentación y falta de coordinación de los programas sociales entre sectores y órdenes de gobierno.
Los mayores problemas en materia de rendición de cuentas y transparencia se presentan en las políticas sociales de los estados, pues muchas veces no existen padrones públicos, no existen reglas de operación y no hay informes de cómo se han utilizado los recursos públicos, remarca el reporte entregado a los diputados federales.
El gobierno federal creó en 2006 el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, pero la falta de transparencia y hasta los diferendos en la definición de programas sociales impiden establecer con precisión cuántos de ellos se mantienen vigentes en el país, concluye el informe.
