20 mil reos pedirían su arresto domiciliario con brazalete electrónico: TSJDF

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, estimó que serán alrededor de 20 mil los reos que solicitarán apegarse a la reforma aprobada ayer miércoles por la Asamblea Legislativa (ALDF), que permitirá compurgar la pena en su domicilio y bajo el uso de un brazalete electrónico.

En entrevista tras asistir a la presentación del nuevo Centro de Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia, el funcionario manifestó su preocupación por la aplicación de esta Ley de Ejecución de Sanciones, que forma parte de la Reforma Penal aprobada en 2008 por la Cámara de Diputados.

Dijo que aún no se cuenta con los recursos suficientes para la adecuación de la infraestructura en la que impartirán justicia los primeros 25 jueces de ejecución de sentencias.

El problema son los tiempos, se colgaron mucho los tiempos, viene el mes que entra (la entrada en vigor) y es la hora que no tenemos los recursos porque no sabíamos qué tipo de ley íbamos a tener , señaló.

Dijo que para este propósito se reunirá el viernes con el secretario de Finanzas capitalino, Armando Cárdenas, para establecer juntos la cantidad de recursos que deberán destinarse para la construcción de dicha infraestructura.

El presidente del TSJDF adelantó que estos nuevos juzgados, que estarán adosados a las actuales instalaciones donde se imparte justicia en los cinco reclusorios de la capital, contarán con salas de oralidad, cámaras de videograbación y espacio suficiente para los asistentes.

Dijo que la perspectiva que nosotros tenemos es que sí va a disminuir la población carcelaria y estimó que podrían presentarse al mismo tiempo unas 20 mil solicitudes para compurgar la pena en su domicilio y bajo el uso de un brazalete electrónico.

"Todo esto es algo que si nos preocupa, ver el golpe de primer impacto que va a tener el Tribunal Superior", sostuvo.

Cabe aclarar que el dictamen avalado por los diputados locales señala que el beneficio de reclusión domiciliaría será sólo para primodelincuentes, siempre y cuando hayan cubierto la totalidad de la reparación del daño, que su pena privativa de libertad sea mayor a cinco años y menor a 10 años de prisión.

Además de comprobar que en el exterior tenga un oficio o continuar estudiando, así como cubrir el costo del dispositivo de monitoreo, entre otros requisitos.

Los legisladores aclararon que os sentenciados por homicidio calificado, secuestro, tráfico de menores, turismo sexual, pornografía, extorsión, asociación delictuosa, delincuencia organizada, incesto, entre otros delitos mayores, no podrán gozar de dicho beneficio.