PRD exige acuerdo nacional de seguridad y justicia
Propone que partidos políticos discutan sobre los problemas del país para buscar una solución
CDMX.- El Partido de la Revolución Democrática exigió al Gobierno Federal, a los partidos políticos y a los candidatos para puestos locales y federales, realizar un acuerdo nacional de seguridad y justicia en México.
Mediante un comunicado la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, aseguraron que la inseguridad está ahogando la economía del país, afectando a los pequeños negocios por el cobro de derecho de piso.
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La perredista señaló que otro de los grandes problemas que afecta al desarrollo económico es el robo de mercancías a los transportes de carga pesada en carreteras.
“Sin seguridad, la economía pierde su dinamismo y muchos prefieren cerrar sus negocios que perder su vida o la de sus familiares”, lamentó la perredista.
Díaz Contreras afirmó que la violencia está ahogando la economía, la cohesión social y pone en riesgo la democracia del país, inhibiendo la participación ciudadana y las funciones de los representantes populares.
La secretaria consideró que las fuerzas políticas deben discutir los problemas de seguridad y justicia, para alcanzar un gran acuerdo nacional.
La lideresa del PRD recalcó que en la última encuesta nacional de seguridad urbana (ENSU) el 60 por ciento de la población adulta manifestó que es inseguro vivir en su ciudad.
Esta medición arroja que las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Fresnillo (95.4 %), Naucalpan de Juárez (89.6 %), Zacatecas (89.3 %), Chilpancingo de los Bravo (87.3 %), Cuernavaca (87.0 %) y Ciudad Obregón (86.6 %).
En este contexto, Adriana Díaz pide que los candidatos propongan a la nación “cambios profundos en la economía a partir del eje de la seguridad y justicia”.
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La perredista señaló que la principal fuerza de la candidata oficial proviene de los beneficiaros de programas sociales.
De acuerdo a información oficial, 27 millones de personas recibirían un apoyo federal durante el año, por el aumento presupuestal electoral, lo que representa una cobertura del 80 por ciento de todos los hogares del país con la posibilidad de recibir al menos un programa.