Coahuila en la incertidumbre

Hace más de un mes, los coahuilenses acudimos a votar, todavía ignoramos quien será Gobernador y probablemente no lo sepamos en el corto plazo. Las causas de esta incertidumbre son diversas: A las impugnaciones presentadas contra un proceso electoral desaseado, debemos añadir la actuación de una autoridad electoral que deja mucho qué desear y la reciente conclusión asumida por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que los dos candidatos con mayor votación, rebasaron los topes de campaña. No necesitamos ser genios de “La Lámpara de Aladino” para concluir lo anterior. El derroche en que incurrieron uno y otro fue evidente.

La complejidad del caso radica en que la autoridad pueda comprobar su dicho. Primero ante el pleno del INE y, eventualmente, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué decimos que será difícil sostener la comprobación del delito? Porque una proporción considerable de los recursos se mueve en efectivo, sin comprobantes de por medio, y se dispersa en la compra de voluntades, ya sea entre los más pobres de los pobres, a través de la llamada estructura electoral; o hacia un sector muy influyentes: los más ricos del pueblo.

En un sistema viciado, todos tienen algo que cobrar a cambio de su voto o de sus acciones de promoción de candidatos. 

Creo que existen dos razones que pueden llevar a la Comisión de Fiscalización a su aseveración: la primera radica en un informe financiero débil e incongruente ya sea del partido político o del candidato; y la segunda consiste en la simple aceptación manifiesta, en la confesión de una parte que haya participado en las transacciones. 

Si alguno de estos supuestos llega a ratificarse en el pleno del INE, seguro habrá alguna apelación, en cuyo caso será preciso que el pleno del TRIFE ratifique esos mismos supuestos. Existen, en tales casos dos posibles penalidades para los acusados:

A.- Se sanciona a los partidos que rebasaron el tope de campaña.
B.- Se sanciona a los candidatos acusados.

En ambos casos, si se anularan los comicios y se ordenase realizar una nueva elección, la sanción conlleva el impedimento de participar en la elección extraordinaria. 

Me parece que si el INE y el TRIFE son congruentes con sus acciones, veremos un castigo contra los partidos, en este caso, PRI y PAN. Sus sanciones y penalidades, por lo general, van dirigidos a los partidos, no a los candidatos. En ese escenario, tanto Anaya como Riquelme podrían contender en la elección extraordinaria, pero no bajo las siglas del PAN y del PRI respectivamente, que estarían en la banca.

Pero si sucede lo que augura la comentocracia, la cosa será harto interesante: Una elección PAN contra PRI sin Guillermo Anaya y sin  Miguel Riquelme como candidatos. 

Ambos partidos se verían obligados a buscar perfiles que no estén ejerciendo un cargo público de elección. La baraja se reduce, resaltarían sin duda el resto de los candidatos a gobernador y quienes contendieron el 4 de junio como candidatos a alcalde. 

Las posibles variantes de esta ecuación son casi infinitas. Entre tanto, la incertidumbre continuará y sólo conoceremos el desenlace cuando el TRIFE diga su última palabra. Ir a una elección extraordinaria sería un triunfo parcial para la oposición. Reconstruir el ánimo ciudadano en una campaña sin su principal liderazgo, se antoja harto complicado. 

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